El objetivo del nuevo Protocolo, aprobado por el Consejo de Gobierno del 11 de julio y dirigido al estudiantado, el PDI y el PTGAS, es establecer un nuevo marco claro y efectivo para prevenir y abordar cualquier situación de violencia, discriminación o acoso que se pueda producir en el ámbito universitario. Esto incluye situaciones de violencia, discriminación o acoso sexual, por razones de sexo, racismo, discapacidad, religión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. El acoso laboral resta fuera del ámbito de aplicación de este protocolo.

La vicerrectora de Responsabilidad Social e Igualdad, Josefina Antonijuan, destaca la importancia de este protocolo como herramienta esencial para crear un entorno seguro e inclusivo a la Universidad: “Es un compromiso firme de la UPC para erradicar cualquier forma de violencia, discriminación o acoso en el entorno académico. El protocolo se considera fundamental para establecer un marco de actuación claro y efectivo que permita abordar estas situaciones de manera preventiva, proactiva y reparadora".

El protocolo incluye medidas preventivas, como campañas de sensibilización, formación específica para el personal y el estudiantado, y la promoción de valores de igualdad y de respeto dentro de la comunidad universitaria. También prevé el establecimiento de apoyo y acompañamiento para las víctimas, asegurando que reciban la ayuda necesaria durante todo el proceso. Para atender y resolver con máxima celeridad y rigor las situaciones detectadas y denunciadas, se establece un procedimiento de actuación para investigar, adoptar medidas cautelares y proponer vías de resolución, a fin de reparar el daño causado a las víctimas. 

La comunidad tiene a disposición un buzón para realizar una queja o denuncia ante situaciones de violencia, discriminación o acoso. Los hechos los puede comunicar tanto la persona afectada como cualquier persona o colectivo de su entorno académico o personal.

Con la aprobación del documento, la UPC reafirma su compromiso con la protección de los derechos humanos y la promoción de un espacio académico libre de cualquier tipo de violencia, discriminación o acoso. La iniciativa se suma a otras inscritas en el IV Plan de Igualdad de la UPC (2022-2026).