Aprobado el protocolo de apoyo a víctimas de agresiones físicas o de carácter sexual

El Consejo de Gobierno del 11 de diciembre ha dado luz verde al ‘Protocolo de apoyo a los miembros de la comunidad universitaria, víctimas de agresiones susceptibles de constituir delito que atenten contra la integridad física y/o de carácter sexual, cometidos en los espacios de la UPC’. Con este instrumento, la comunidad universitaria refuerza el sistema integral de prevención, protección y acompañamiento en este ámbito.

20/12/2019

El Protocolo de apoyo a los miembros de la comunidad universitaria, víctimas de agresiones susceptibles de constituir delito que atenten contra la integridad física y/o de carácter sexual, cometidos en los espacios de la UPC, aprobado por el Consejo de Gobierno de la Universidad Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech (UPC), fija el procedimiento a seguir cuando se tiene conocimiento de posibles agresiones delictivas a miembros de la comunidad universitaria cometidas en espacios de la Universidad. El objetivo es evitar cualquier tipo de desamparo de las personas que sufran este tipo de situación, ofreciéndoles protección y acompañamiento.

Activación y seguimiento
El protocolo se activará cuando la persona afectada lo haya comunicado la persona de referencia en cada espacio UPC, que en el caso de los estudiantes, es el director o directora del centro docente, y para el PDI y el PAS, es el responsable del Servicio de Desarrollo Profesional. En estos casos, la Universidad pone a disposición de la comunidad el apoyo psicológico, académico, jurídico o laboral necesario y emprenderá las acciones oportunas.

Una comisión se encargará de hacer el seguimiento del protocolo. Esta comisión estará formada por el vicerrector o vicerrectora competente en materia de Igualdad, la persona de referencia del caso en concreto, un técnico o técnica de Igualdad del Gabinete de Innovación y Comunidad, un delegado o delegada de prevención, si hace falta, y una persona asesora de los Servicios Jurídicos de la UPC. Asimismo, la Universidad estudiará la viabilidad jurídica de interponer acciones penales y valorará la posibilidad de denunciar los hechos ante la fiscalía, el juzgado e instancias policiales.